Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Córdoba

El arbitraje, en general, sea de derecho o de amigables componedores, constituye el medio de someter a la decisión de jueces privados, es decir no pertenecientes a los cuadros de la justicia estatal, cualquier litigio o controversia que sea susceptible de transacción.

La comunidad del mundo de los negocios se vale crecientemente del arbitraje para resolver las controversias que se originan en ellos.

Entre las razones que motivan a las partes para optar por el arbitraje en cualquiera de sus modalidades militan, particularmente, el beneficio que supone acudir al juicio de personas cuya idoneidad en determinadas materias y trayectoria profesional garantizan la ecuanimidad e imparcialidad de sus decisiones, haciéndolas merecedoras de su confianza; el deseo de obtener la resolución del conflicto con la rapidez inherente a las relaciones mercantiles, para lo que se encuentra mejor dispuesto el procedimiento arbitral, despojado de formalismo y exento de márgenes para articulaciones dilatorias; y la conveniencia de sustraer el litigio de la publicidad, que puede ser perjudicial para la imagen y el crédito empresario, a salvo por aplicación de las reglas que preservan la confidencialidad en el arbitraje. Además el laudo arbitral está dotado de la misma fuerza y eficacia que las sentencias pronunciadas por los jueces del Estado, siendo ejecutables por éstos sin necesidad de someterlos a su homologación ni al cumplimiento de ningún otro requisito previo.

Con el Reglamento se crea un Tribunal Arbitral formado por árbitros que actuan como tribunal de derecho, como amigables componedores y/o como conciliadores. Además, el ordenamiento tiende a estimular el interés de las partes enfrentadas por un conflicto derivado de sus relaciones negociales para que alcancen su solución a través de alguno de los procedimientos que se ponen a su disposición.

Cabe destacar en tal sentido que en el Tribunal de Arbitraje General disponen de las siguientes ventajas:

·           Una pluralidad de alternativas para la solución de sus disputas inherentes al tráfico empresario, nacional o internacional, abiertas a quienquiera las solicite, sean o no socios de la Bolsa de Comercio.

·           La amplitud de medios a través de los cuales pueden someter los casos a la jurisdicción de este arbitraje, ya sea por la inclusión de una cláusula compromisoria en el contrato, ya a través de un acuerdo separado del contrato, sometiendo a la jurisdicción privada toda controversia que derive de la interpretación, la validez, el cumplimiento, la rescisión o la resolución de aquél; o aun, en defecto de todo acuerdo previo al planteo del diferendo, si con posterioridad a su manifestación convienen someterlo a este arbitraje o a la mediación o conciliación del Tribunal o unilateralmente una de ellas somete la controversia a alguno de los procedimientos previstos en el Reglamento y la otra u otras lo consienten.

·           La posibilidad de someter el diferendo a procedimientos autónomos de conciliación, que no conceden al Tribunal jurisdicción para decidir el diferendo si las mismas partes no arriban a una solución con la ayuda de los árbitros, en un plazo breve que sólo es prorrogable mediante acuerdo de las partes.

·           La opción entre un arbitraje de derecho y un arbitraje de amigables componedores y, en el primer supuesto, con la posibilidad de recurrir ante el tribunal judicial o con renuncia a los recursos. Estos arbitrajes no son la continuación necesaria de los procedimientos de conciliación que no alcanzaron la solución del diferendo, pues con tal frustración concluiría la actuación del Tribunal, a menos que las partes decidiesen su prosecución sometiéndose voluntariamente a la jurisdicción arbitral. Cabe tener también en cuenta que un arbitraje puede ser directamente planteado sin necesidad de transitar previamente por procedimientos de conciliación.

·           El acceso a un procedimiento prevalecientemente oral, ágil y expeditivo, tanto para el arbitraje de derecho como el de amigables componedores. El hecho de que en éste último los arbitradores resuelvan según su "leal saber y entender" no significa que el laudo prescinda de aplicar el derecho. Debe tenerse en cuenta que como factor compensatorio para la mayor discrecionalidad que supone este lato fundamento de sus resoluciones y laudos, el Reglamento establece que los árbitros deben ser abogados. De suerte que la decisión de las causas sometidas a los amigables componedores siempre deberá tener como fundamento el leal saber y entender de letrados, vale decir que deberá integrarse con el saber y entender de hombres versados en derecho.

·           La posibilidad de que en los arbitrajes, salvo cuando las partes lo excluyan, los árbitros puedan disponer medidas cautelares.

·           Un amplio margen para la autonomía privada ya que las partes, de común acuerdo, pueden adoptar reglas de procedimiento, siempre que no alteren los principios del arbitraje.

·           Una considerable reducción de costos del litigio, a partir del hecho de encontrarse los honorarios de los árbitros a cargo de la Bolsa de Comercio y no de las partes. A lo que se suma la implantación de una tasa o derecho de arbitraje de costos reducidos, diferenciados según la complejidad del procedimiento elegido por las partes y la calidad de socio o no de la parte actora; tasa de proporciones decrecientes a medida que aumenta la cuantía del litigio, hasta quedar determinado en un importe fijo, cualquiera sea el monto del reclamo en exceso de un tope prefijado.

·           La posibilidad de acordar con los peritos sus honorarios y, en todo caso, su determinación conforme a criterios de razonabilidad, a partir de la pauta dada por su carácter extrajudicial.

Bajo estos lineamientos generales la actuación del Tribunal de Arbitraje General se encuentra dotada de una amplia gama de posibilidades puestas a disposición de las partes para que éstas logren solucionar sus diferendos negociales a través del medio que seleccionen.

Con ello la Bolsa de Comercio de Córdoba, cumpliendo con una premisa Estatutaria y una obligación legal, arbitra estos servicios y los pone a disposición de toda la comunidad, contribuyendo a la realización de la justicia como instrumento para la paz social.

Cláusula Arbitral:

Texto sugerido como cláusula compromisoria:

“Toda cuestión que se suscitare entre las partes con motivo del presente contrato, su existencia, su validez, interpretación, alcances, cumplimiento, ejecución o resolución, como asimismo la indemnización de daños y perjuicios resultante, se resolverá definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Córdoba de acuerdo a la reglamentación y procedimientos vigentes y aprobados para la misma, que las partes declaran conocer, aceptar y hacer parte integrante del presente contrato”.